DIAGNÓSTICO
Colombia hoy está en escenario de deterioro acumulado de la seguridad, la gobernabilidad y el control territorial, con impactos directos sobre la protección de la población, la actividad económica y la confianza en el Estado. Tras más de una década de transformaciones del conflicto armado y del crimen organizado, el país enfrenta hoy amenazas más fragmentadas, más violentas y sofisticadas, que combinan control territorial, economías ilícitas, coerción sobre la ciudadanía y penetración institucional. Este contexto se ve agravado por el debilitamiento de la Fuerza Pública, la pérdida de capacidades operativas, la crisis de la política antidrogas y una justicia con bajos niveles de disuasión efectiva. Este Programa de Gobierno parte de una premisa central: sin seguridad, no hay crecimiento, no hay inversión, no hay cohesión social ni democracia sostenible, y por tanto la recuperación del orden y la autoridad legítima del Estado es una condición indispensable para el futuro del país.
Deterioro sostenido de la violencia letal
• Entre 2016 y 2024 los homicidios aumentaron 12%, revirtiendo la tendencia previa de reducción.
• El deterioro es principalmente rural: los homicidios en zonas rurales aumentaron 36%, frente a 3% en zonas urbanas.
• El 77,7% de los homicidios se comete con armas de fuego; entre 2016 y 2024 estos aumentaron 23%.
• La violencia se concentra en corredores estratégicos ligados a economías ilícitas y control territorial.
Explosión de la extorsión como delito dominante
• La extorsión aumentó 926% entre 2010 y 2024, pasando de 1.352 a 13.866 casos.
• El 94% de los casos ocurre en áreas urbanas, afectando comercio, transporte y empleo.
• Las extorsiones por redes sociales crecieron más de 9.000%, reflejando adaptación tecnológica del crimen.
• La extorsión se consolida como impuesto criminal cotidiano y fuente estable de financiamiento ilegal.
Recomposición del crimen organizado
• Más del 70% de los municipios presenta presencia de estructuras criminales.
• El Clan del Golfo mantiene presencia nacional con modelo empresarial diversificado.
• Disidencias FARC controlan corredores del Pacífico y Amazonía; aumento de capacidad ofensiva.
• ELN conserva cohesión, control territorial y capacidad de coerción política.
• Expansión de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua en ciudades.
Colapso de la política antidrogas
• Erradicación manual cayó 79% entre 2010 y 2024.
• Aspersión aérea suspendida desde 2015.
• Colombia registra entre 280.000 y 300.000 hectáreas de coca.
• El narcotráfico impulsa violencia, reclutamiento forzado y degradación ambiental.
Debilitamiento crítico de la Fuerza Pública
• Desfinanciación estructural: $847.000 millones en FFMM y $221.000 millones en Policía.
• Reducción del pie de fuerza del Ejército de 206.416 a 167.992 efectivos.
• La FAC solo puede operar el 62% de las horas de vuelo programadas.
• Deterioro de la moral, alistamiento y capacidad de despliegue territorial.
Crisis de justicia, impunidad e información
• Baja sanción efectiva de delitos violentos.
• Presencia judicial limitada en zonas críticas.
• Ausencia de encuesta oficial de victimización desde 2021.
• Políticas públicas diseñadas con información incompleta.
ACUERDO DE PAZ Y SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA FUMIGACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS
- No es cierto que en el Acuerdo de Paz, se haya prohibido la aspersión aérea con glifosato.
- El punto fue objeto de amplio debate durante en la Mesa de Conversaciones durante la discusión del Punto 4 de la Agenda General, Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.
- La Corte Constitucional en diferentes sentencias ha mantenido algunas restricciones para la fumigación aérea con glifosato, fundamentada en el principio de precaución sobre riesgos a la salud y medio ambiente. Aunque no es una prohibición absoluta, exige consulta previa a comunidades, participación ciudadana y cumplimiento de altos estándares técnicos ambientales.
- Sentencia T 236 de 2017
- Sentencia T-080 de 2017
- Sentencia T-413 de 2021
- Sentencia SU- 545 de 2023
- El gobierno del presidente Petro ha anunciado su reanudación del uso del glifosato, pero por mecanismos como drones, como modalidad de la aspersión terrestre.
- La ANLA aclaró el alcance del instrumento ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECG).
- En 2013 el Gobierno de la República de Colombia y de Ecuador firmaron un acuerdo para poner fin al litigio internacional iniciado por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, acordando que en la zona de exclusión las partes acuerdan que no se podrá realizar aspersión aérea.
OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS
Ventana política de corrección estratégica en 2026
• El cambio de gobierno en 2026 abre una oportunidad clara para reorientar la política de seguridad, corregir decisiones fallidas y restablecer prioridades sin las restricciones políticas del ciclo actual.
• Existe margen político y electoral para adoptar medidas firmes, siempre que estén respaldadas por criterios técnicos, legales y resultados medibles.
Demanda ciudadana transversal por orden y seguridad
• La seguridad se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, tanto en zonas urbanas como rurales.
• Existe un consenso social creciente sobre la necesidad de recuperar la autoridad del Estado, reducir la extorsión y garantizar la protección de la vida, lo que crea legitimidad política para decisiones difíciles.
Capacidades estatales aún recuperables
• A pesar del debilitamiento reciente, la Fuerza Pública conserva capital humano experimentado, doctrina operativa y conocimiento territorial que pueden ser reactivados con respaldo político, recursos adecuados y reglas claras.
• El sistema de justicia, aunque sobrecargado, cuenta con marcos legales e institucionales que permiten mejorar su eficacia mediante reformas puntuales y gestión estratégica.
Experiencia acumulada y lecciones aprendidas
• Colombia cuenta con una experiencia probada en estrategias exitosas de seguridad, control territorial y cooperación internacional, particularmente durante el período del Plan Colombia.
• Estas lecciones permiten diseñar una estrategia renovada —adaptada al multicrimen y a amenazas híbridas— sin partir de cero ni improvisar.
Ventana de cooperación internacional y regional
• El deterioro de la seguridad en Colombia tiene implicaciones regionales claras, lo que abre espacio para reconstruir alianzas estratégicas, en particular con Estados Unidos, la Unión Europea y socios regionales.
• Existe interés internacional en apoyar esfuerzos creíbles contra el crimen organizado transnacional, siempre que haya claridad de objetivos, corresponsabilidad y resultados verificables.
Integración entre seguridad y desarrollo territorial: Seguridad Plus
• La evidencia muestra que la seguridad es condición necesaria para el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.
• Existe una oportunidad para articular de manera más efectiva seguridad, justicia y desarrollo territorial, priorizando regiones críticas donde el Estado ha perdido presencia.
Momento propicio para reformas institucionales
• La magnitud de la crisis actual crea condiciones políticas para impulsar reformas que en otros contextos serían inviables, especialmente en justicia penal, inteligencia financiera y coordinación interinstitucional.
• La urgencia del contexto reduce el margen para el bloqueo político y facilita acuerdos mínimos en torno a la seguridad como bien público esencial.
II. PROPUESTAS
Recuperar el control territorial sin zonas vedadas
• Recuperar el monopolio legítimo de la fuerza del Estado en los municipios con mayor concentración de homicidios, extorsión y economías ilícitas, priorizando corredores estratégicos del Pacífico, Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Meta y frontera oriental.
• Implementar operaciones sostenidas, no episódicas, con permanencia territorial de la Fuerza Pública y despliegue simultáneo de justicia, fiscalía y servicios básicos.
• Establecer Centros de Mando Unificado Regionales con mando civil–militar–judicial y metas trimestrales de control efectivo.
Golpear estructuralmente las economías criminales
• Pasar de una estrategia centrada en capturas a una estrategia centrada en asfixia financiera de las organizaciones criminales.
• Priorizar extorsión, narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos como delitos estructurales, no accesorios.
• Crear una Unidad Élite de Inteligencia Económica que integre UIAF, DIAN, Fiscalía, Policía Judicial y cooperación internacional con enfoque en flujos financieros y redes empresariales criminales.
Respaldo total y recuperación integral de la Fuerza Pública
• Restablecer el respaldo político, jurídico y operativo a la Fuerza Pública como condición para recuperar disuasión y moral institucional.
• Corregir la desfinanciación estructural de las FFMM y la Policía en los primeros 12 meses, priorizando mantenimiento, movilidad, aviación y dotaciones.
• Recuperar al menos el 90% de las horas de vuelo programadas y aumentar progresivamente el pie de fuerza en zonas rurales críticas.
• Implementar una directiva presidencial clara de legítima defensa y acción ofensiva contra estructuras criminales organizadas.
Guerra frontal contra la extorsión
• Tratar la extorsión como amenaza prioritaria a la seguridad ciudadana, la economía y el empleo.
• Unidades especializadas contra extorsión digital y telefónica, con apoyo tecnológico, analítica criminal y cooperación con operadores de telecomunicaciones.
• Protección efectiva a víctimas y comerciantes, con respuesta rápida y judicialización acelerada.
Política integral y realista contra las drogas
• Reconocer el colapso de la política antidrogas actual y restablecer un enfoque integral basado en control territorial, erradicación efectiva y desarrollo alternativo viable.
• Reactivar la aspersión aérea de precisión bajo estándares constitucionales, ambientales y de derechos humanos.
• Reducir en al menos 30% el área sembrada de coca en 48 meses.
• Fortalecer la erradicación manual con protección efectiva a erradicadores y control militar de zonas intervenidas.
• Priorizar desarrollo alternativo solo en territorios con control efectivo del Estado y resultados verificables.
Justicia rápida, efectiva y disuasiva
• Reducir la impunidad como factor central de reproducción de la violencia.
• Reformar el Código Penal y de Procedimiento Penal para endurecer sanciones por homicidio, extorsión, reclutamiento forzado y reincidencia.
• Disminuir los tiempos promedio de judicialización de delitos violentos en al menos 30% en los primeros 36 meses.
• Expandir la presencia judicial en territorios críticos mediante juzgados especializados y protección reforzada a operadores de justicia.
Seguridad urbana con enfoque estratégico
• Diseñar una política específica de seguridad urbana para las principales ciudades, diferenciada de la seguridad rural.
• Integrar inteligencia policial, fiscalías locales y alcaldías con metas conjuntas y rendición de cuentas.
Fronteras seguras y crimen transnacional
• Recuperar el control efectivo de las fronteras como prioridad de seguridad nacional.
• Reducción verificable de corredores de narcotráfico, contrabando y minería ilegal en zonas fronterizas priorizadas.
• Fortalecer cooperación binacional y regional contra organizaciones criminales transnacionales, con intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas.
Cooperación internacional – Plan Colombia 2.0 / Plan la Gran Colombia
• Relanzar una alianza estratégica con Estados Unidos y socios clave como Ecuador, Panamá y Venezuela democrática bajo un esquema de corresponsabilidad, transparencia y resultados.
• Orientar la cooperación hacia seguridad, inteligencia, justicia, control financiero y fortalecimiento institucional.
• Asegurar recursos y asistencia técnica internacional con indicadores claros de impacto en reducción de violencia y economías ilícitas.
Acciones específicas
- Las acciones específicas que se presentan a continuación parten de una premisa central: la crisis de seguridad en Colombia no se resolverá con medidas aisladas ni con anuncios simbólicos, sino mediante una estrategia integral de recuperación del control territorial, asfixia de las economías criminales y restablecimiento de la autoridad legítima del Estado. Estas acciones están diseñadas para operar de manera simultánea, sostenida y medible, combinando fuerza legítima, inteligencia, justicia y cooperación internacional. El objetivo no es solo reducir indicadores de violencia en el corto plazo, sino revertir la tendencia estructural de expansión del crimen organizado y reconstruir condiciones duraderas de orden, inversión y gobernabilidad.
Recuperación del control territorial efectivo
• Implementar una estrategia de control territorial sostenido, priorizando los municipios que concentran homicidios, extorsión y economías ilícitas, con presencia permanente de Fuerza Pública y no operaciones episódicas.
• Establecer zonas de intervención integral donde la acción militar y policial vaya acompañada, desde el inicio, por fiscales, jueces itinerantes, entidades de control y servicios básicos del Estado.
• Reorganizar el despliegue territorial bajo criterios de corredores estratégicos (Pacífico, Catatumbo, Bajo Cauca, Amazonía andina y frontera oriental), evitando dispersión de esfuerzos.
• Super gerentes de alto nivel para garantizar la coordinación de la inversión social del estado en esos territorios.
• Lograr control efectivo y verificable del Estado en al menos el 80% de los municipios priorizados en los primeros 36 meses.
Golpe estructural a las economías criminales
• Reorientar la política de seguridad desde la neutralización de individuos hacia la desarticulación de modelos de negocio criminales, atacando flujos financieros, logística y control de mercados ilegales.
• Priorizar la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos como amenazas económicas al Estado, no solo como delitos penales.
• Integrar en una sola arquitectura operativa a la UIAF, DIAN, Fiscalía, Policía Judicial y cooperación internacional, con mandatos claros y metas compartidas.
Reconstrucción de la capacidad y disuasión de la Fuerza Pública
• Restablecer el respaldo político y jurídico inequívoco a la Fuerza Pública, con reglas claras de uso legítimo de la fuerza y acción ofensiva contra estructuras criminales organizadas.
• Corregir la desfinanciación operativa en el primer año de gobierno, priorizando mantenimiento, movilidad estratégica, aviación y dotaciones.
• Recuperar la capacidad de despliegue en áreas rurales mediante el fortalecimiento de brigadas móviles, fuerzas de tarea conjuntas y capacidades aerotransportadas.
• Recuperar el alistamiento operacional y aumentar progresivamente la presencia efectiva en zonas rurales críticas.
Estrategia nacional contra la extorsión
• Declarar la extorsión como amenaza prioritaria a la seguridad nacional y a la economía, con una estrategia diferenciada urbana–rural.
• Crear unidades especializadas contra extorsión digital, telefónica y presencial, con uso intensivo de analítica criminal, inteligencia financiera y cooperación con operadores tecnológicos.
• Establecer mecanismos de protección inmediata a víctimas y comerciantes, combinando reacción policial rápida y judicialización acelerada.
Política integral contra las drogas basada en control territorial
• Reconocer que el narcotráfico es un problema de control territorial y poder criminal, no solo de cultivos.
• Reactivar la aspersión aérea de precisión dentro del marco constitucional, complementada con erradicación manual protegida y control militar de las zonas intervenidas.
• Condicionar los programas de desarrollo alternativo a la existencia de control efectivo del Estado y cumplimiento verificable de compromisos.
• Reducir en al menos 30% el área sembrada de coca en un horizonte de 48 meses y cortar la expansión a nuevas zonas.
Justicia rápida, disuasiva y presente en el territorio
• Reformar el sistema penal para reducir la impunidad en delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, reclutamiento forzado y reincidencia criminal.
• Expandir la presencia judicial en territorios críticos mediante juzgados especializados, fiscales itinerantes y protección reforzada a operadores de justicia.
• Reducir los tiempos de judicialización y aumentar la tasa de condenas efectivas como mecanismo de disuasión.
• Reducir en al menos 30% los tiempos promedio de judicialización de delitos violentos en los primeros 36 meses.
Fronteras seguras y cooperación contra el crimen transnacional
• Recuperar el control del Estado en zonas fronterizas como prioridad de seguridad nacional, con presencia permanente y capacidades diferenciadas.
• Fortalecer la cooperación internacional contra organizaciones criminales transnacionales, con intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas.
• Plan Gran Colombia sobre la base de una alianza Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela democrática a presentar no solo a EEUU sino a la Unión Europea e Israel como aliados necesarios para luchar contra el crimen transnacional.
• Integrar la estrategia fronteriza con control migratorio, aduanero y financiero.
• Reducción sostenida de corredores ilícitos en fronteras priorizadas.
NUEVO USO DEL GLIFOSATO
- Ni el Acuerdo de Paz, ni la Corte Constitucional, prohíben la aspersión aérea con glifosato. En el primer caso, el Gobierno Nacional se reservó el derecho a la utilización de este mecanismo en caso de ser necesario, cuando no se hubieren logrado los Acuerdos con las comunidades y, en el segundo se trata de una suspensión -no de una prohibición- de los programas, si no se cumplen ciertos requisitos.
ASPERSIÓN AÉREA
- Se puede acudir al diseño de un programa de aspersión aérea que cumpla con los requisitos fijados en su momento por la Corte Constitucional para el levantamiento de la medida de suspensión, que son bastante exigentes y demorados en el tiempo.
ASPERSIÓN TERRESTRE
- Se puede acudir al diseño y puesta en marcha de un Mecanismo de Aspersión Terrestre, como el uso de drones, siempre que se cumpla con los requisitos que la autoridad ambiental ha exigido, en particular, la presentación de estudios sobre los equipos que se utilizarán, que garanticen que -por la volatilidad y peso del glifosato- este no se extienda más allá de la hoja de coca, en particular.
- Al diseñar y poner en práctica cualquiera de los mecanismos, habrá de tenerse en cuenta el Acuerdo celebrado entre Colombia y Ecuador.
- De todas maneras, habrá de trabajarse en el estudio que actualmente se adelanta sobre herbicidas sustitutos al glifosato. El laboratorio alemán Bayer, mismo que comercializa el glifosato y ha defendido la inocuidad del glifosato no causa daños como los que se han alegado, está analizando un nuevo producto que entraría a poder utilizarse en 2028, denominado icafolin-metil, extraído de plantas naturales, que podría ser la gran promesa a futuro.