Energía

DIAGNÓSTICO

Colombia entra al período 2026–2030 con un sector energético y minero vulnerable en el que fallan la ejecución y la gobernanza. En energía. hay márgenes ajustados entre oferta y demanda, instituciones débiles y decisiones pospuestas que han erosionado un sistema antes robusto. Hoy se opera al límite, expuesto a choques climáticos, financieros o regulatorios. Los síntomas —falta de confiabilidad eléctrica, retrasos en infraestructura clave, dependencia de gas importado, crisis financieras y millones de usuarios sin acceso— no son aislados: juntos forman un riesgo sistémico. Se necesita un plan integral para recuperar la estabilidad, atraer inversión, sanear las finanzas y subordinar la política energética al servicio del crecimiento económico y de la mejora del bienestar de los ciudadanos. Colombia tiene gran potencial geológico en minerales clave, pero la informalidad, los datos geológicos insuficientes y debilidades institucionales lo desaprovechan. 

DESEQUILIBRIO ENTRE DEMANDA Y OFERTA ELÉCTRICO

El sistema eléctrico muestra un estrés creciente en donde la demanda crece 3% al año, pero la nueva capacidad firme no alcanza para atender el crecimiento de la demanda ni contingencias: 

• A partir de 2027–2028, se aumenta el riesgo de racionamiento por sequías o fallas en la generación térmica. 
• La generación depende en 65–70% de hidroeléctricas, pero exige respaldo térmico constante. 
• La producción con energía solar diversifica, pero sin almacenamiento ni gestión de demanda, no asegura un suministro firme. 

Retrasos en infraestructura estratégica 

La demora en obras clave amenaza la seguridad energética, limitando evacuación de nueva generación y respuesta a picos de demanda: 

• En transmisión, los proyectos acumulan 2–6 años de atraso, lo que afecta el ingreso de las renovables. 
• En gas natural, la producción nacional viene cayendo desde hace 10 años y no cubre los picos térmicos, lo que exige importaciones caras. 
• La falta de gasoductos nuevos y de ampliaciones expone al sistema entero a cortes y volatilidad. 

Crisis financiera en la región Caribe: un riesgo nacional 

La Costa Caribe (25% de la demanda regulada) vive un círculo vicioso: baja inversión genera mal servicio, morosidad y recaudo mínimo (hasta 35% en Cesar): 

• Air-e (11% de la demanda nacional en 4 departamentos) acumula deudas superiores a COP 2.5 billones tras una intervención sin apoyo estatal; Afinia pierde más del 28% de su energía comprada y le deben COP 0,8 billones en subsidios para los estratos 1, 2 y 3. 
• Hay tarifas altas por cobro de múltiples factores acumulados (Guajira-Cesar-Magdalena). 
• En 2026, muchos contratos vencen y se reduciría la exposición al volátil mercado de corto plazo, con lo que se amenaza la liquidez del mercado de generación. 
• A pesar de tener un 80% del potencial renovable nacional (15.000 MW eólicos/solares), la informalidad y las fallas institucionales frenan su despliegue. 

Exploración de petróleo y gas paralizada 

Los hidrocarburos siguen siendo clavea para la energía y finanzas públicas, pero la producción petrolera y de gas en declive reducen la autosuficiencia: 

• Reservas probadas dan poco margen; urge inversión para sostener la oferta en el mediano plazo. 
• Exploración costa afuera (gas) es vital para la próxima década. 
• Fracking y no convencionales necesitan criterios técnicos, no ideológicos. 

Pobreza energética persistente 

Aun con avances, todavía hay más de 1,3 millones de hogares sin electricidad y 5 millones usan leña contaminante, afectando la salud y la economía en zonas rurales: 

• La expansión tradicional es cara y lenta; universalizar el acceso al 2030 cuesta 30–40 billones de pesos. 
• Se requieren fondos públicos/privados e innovación financiera.

II. PROPUESTAS

Confiabilidad y gobernanza del servicio de energía 

• La política energética debe recuperar la confiabilidad y seguridad del suministro como principio central. Esto exige ajustes técnicos en los mecanismos de remuneración del respaldo, una planeación que incorpore almacenamiento y flexibilidad operativa, y un fortalecimiento institucional que garantice reglas estables y predecibles para la inversión. La confiabilidad permite proteger a los usuarios de episodios de racionamiento o de la volatilidad de precios. 

Consolidar un programa de fortalecimiento del parque térmico existente 

• La confiabilidad del sistema requiere una estrategia explícita de repotenciación de plantas actuales, conversión de unidades a esquemas de combustibles duales y desarrollo de nueva capacidad mediante tecnologías probadas que puedan implementarse en plazos cortos, con alta disponibilidad y resiliencia frente a restricciones de gas. Se podría requerir la adición acelerada de cerca de 1000 MW de generación térmica con cualquier combustible.  

Asegurar la entrada efectiva de proyectos renovables estratégicos

• Se requiere un esfuerzo coordinado para remover los obstáculos que han retrasado la entrada en operación de proyectos renovables, particularmente en La Guajira, mediante acuerdos institucionales que alineen licenciamiento, conexión y ejecución. 

Fortalecer la gobernanza técnica del sector energético 

• La confiabilidad del sistema depende de reglas estables y decisiones técnicas independientes. La regulación y la planeación energética deben estar a cargo de entidades con autonomía, nombramientos meritocráticos y periodos definidos, protegidas de interferencias políticas o capturas sectoriales. La función regulatoria debe preservar su carácter técnico para garantizar estabilidad, previsibilidad y sostenibilidad del servicio. 

Actualizar la planeación energética nacional

• La planeación del sistema debe evolucionar para reflejar el rol creciente del almacenamiento, la demanda flexible y la integración progresiva de fuentes renovables variables. Esto implica ajustar los supuestos de confiabilidad, incorporar escenarios de estrés climático y reconocer el valor de la flexibilidad operativa. 

Rediseñar los mecanismos de remuneración de la confiabilidad

• Es necesario modernizar el esquema de confiabilidad para asegurar que el respaldo térmico, el almacenamiento y otras tecnologías que aportan firmeza reciban señales económicas adecuadas. El nuevo diseño debe permitir la incorporación oportuna de proyectos que puedan entrar en operación entre 2027 y 2030, evitando brechas de suministro. 

Incorporar la gestión de la demanda como herramienta estructural

• La reducción voluntaria y remunerada de consumo, la habilitación de agregadores de demanda y la participación en servicios complementarios deben convertirse en componentes permanentes del mercado eléctrico. Estos mecanismos permiten responder de manera rápida y eficiente en periodos críticos, reduciendo el costo total de la confiabilidad. 

Expansión y modernización de la infraestructura energética estratégica 

• La modernización de la infraestructura energética exige una acción coordinada del Estado orientada a reducir tiempos, incertidumbres y riesgos, sin debilitar los estándares ambientales ni sociales. La falta de articulación entre entidades, los procesos fragmentados de licenciamiento y la ausencia de reglas claras para la gestión predial y la consulta con comunidades han elevado los costos y los plazos de proyectos estratégicos, afectando la seguridad del suministro. 

Simplificar el proceso de licencias ambientales

• La ejecución oportuna de proyectos estratégicos requiere un modelo institucional que concentre la coordinación de trámites ambientales, sectoriales y territoriales, con un responsable único (Ventanilla Única), procedimientos armonizados y plazos predecibles. La dispersión actual de competencias debe ser reemplazada por un esquema que reduzca incertidumbre sin debilitar los estándares ambientales ni sociales. 

Definir reglas claras y plazos obligatorios para la consulta con comunidades

• Es indispensable contar con un marco normativo que establezca tiempos máximos, deberes concretos y responsabilidades para todas las partes involucradas en los procesos de consulta previa. Para proyectos estratégicos, el sistema debe prever procedimientos diferenciados que permitan una toma de decisiones oportuna, garantizando la participación efectiva de las comunidades y evitando bloqueos indefinidos. 

Reordenar el régimen de acceso y uso de la infraestructura de conexión

• El esquema de asignación de derechos de conexión debe priorizar proyectos viables y ejecutables, eliminando incentivos a la especulación y asegurando que los derechos asignados se traduzcan en obras efectivas. Un sistema más ágil y exigente permitirá acelerar la entrada en operación de nueva generación. 

Implementar un programa acelerado de expansión del sistema de transmisión 

• Reducir los retrasos estructurales en la red de transmisión exige un plan con metas claras, seguimiento permanente y coordinación interinstitucional. La expansión oportuna del sistema de transmisión es indispensable para la confiabilidad del suministro y la integración efectiva de nuevas fuentes de generación. 

Estabilización de tarifas y saneamiento financiero del sector eléctrico: región Caribe 

• La política pública debe enfocarse en soluciones estructurales que permitan una transición ordenada hacia esquemas financieramente sostenibles, con reglas claras de asignación de riesgos y mecanismos excepcionales de respaldo solo cuando sean estrictamente necesarios. 

Asumir las deudas de Afinia y Air-e por parte de la Nación

• Para reducir el riesgo financiero sectorial, el gobierno pagará todas las deudas de Afinia y Air-e con emisiones de bonos y deuda con multilaterales. 

Implementar un esquema de asignación compartida del riesgo de cartera 

• La concentración del riesgo de recaudo en un solo eslabón de la cadena eléctrica incrementa la probabilidad de colapsos regionales. Es necesario establecer un mecanismo regulatorio que distribuya este riesgo entre los distintos agentes del sistema (distribución, transmisión, generación) para evitar un colapso sistémico de los operadores de red de la Costa Caribe. 

Habilitar mecanismos excepcionales de respaldo para la contratación de energía de largo plazo

• Dada la elevada exposición al mercado spot que enfrentará la región Caribe a partir de 2026, es necesario contar con instrumentos que faciliten el acceso a contratos de largo plazo en condiciones eficientes (como garantías de la nación para la compra de energía), reduciendo la volatilidad tarifaria en escenarios de estrés climático. 

Diseñar y ejecutar una salida ordenada del esquema de intervención vigente

• La permanencia indefinida de la intervención administrativa ha demostrado ser fiscalmente insostenible y operativamente ineficiente. Se requiere un proceso de transición y de nueva partición del mercado en submercados que requieren tratamiento diferente. Algunos segmentos son rentables para operadores privados, otros no y requieren soluciones estatales. La salida debe garantizar la continuidad del servicio, proteger a los usuarios y definir un modelo de operación estable, con metas verificables en reducción de pérdidas, mejora del recaudo y calidad del servicio. 

Expandir de manera focalizada los esquemas de medición avanzada y facturación prepago

• La experiencia internacional demuestra que el prepago es una herramienta eficaz para mejorar la disciplina de pago, reducir la acumulación de cartera y disminuir pérdidas comerciales. Su implementación prioritaria en zonas críticas del Caribe permitiría fortalecer la liquidez de los operadores, reducir costos operativos de comercialización y ofrecer a los usuarios mayor control sobre su consumo. 

Reformular el esquema de subsidios para garantizar su sostenibilidad fiscal

• La protección a los usuarios vulnerables requiere subsidios plenamente financiados, focalizados y con reglas fiscales claras. Hay muchas propuestas y habilitadores normativos vigentes que se pueden usar para focalizar con métodos más precisos, como el SISBEN, en lugar del criterio de estratos. 

Avanzar en la desinversión ordenada del Estado en empresas del sector eléctrico

• La participación accionaria de la Nación en electrificadoras y generadoras debe evaluarse desde una perspectiva de sostenibilidad y gobierno corporativo. Utilizar los mecanismos de democratización existentes permitirá reducir interferencias políticas, atraer capital privado y fortalecer la gestión empresarial de los operadores regionales. 

Incentivar la autogeneración eficiente 

• Es necesario poner en funcionamiento incentivos para aumentar la autogeneración, sobre todo en la Costa Caribe, y vigilar con la SSPD las barreras que imponen los operadores de red para que los proyectos de autogeneración se conecten. 

Incremento de la exploración y producción de petróleo y gas natural 

La política pública debe orientarse a reactivar de manera ordenada los procesos de exploración y producción, garantizando estabilidad contractual, reglas claras y una relación más transparente con las comunidades y autoridades territoriales. Ecopetrol debe fortalecerse desde su gobierno corporativo y su capacidad técnica, de modo que pueda cumplir su rol estratégico sin comprometer su sostenibilidad financiera. 

Restablecer un entorno estable y predecible para la exploración y producción

La sostenibilidad del abastecimiento energético exige reactivar los procesos contractuales bajo reglas claras, plazos razonables y seguridad jurídica. Esto implica agilizar la expedición de contratos y licencias, permitir la movilidad eficiente de inversiones entre áreas y retomar mecanismos permanentes de asignación de bloques. Igualmente, reducir las rentas del gobierno (government take) del sector de hidrocarburos para atraer mayores inversiones. 

Fortalecer la gobernanza y la capacidad técnica de Ecopetrol

Ecopetrol debe operar con estándares sólidos de gobierno corporativo y una dirección técnica altamente calificada. Es necesario asegurar una junta directiva con experiencia probada en el sector energético y una administración con capacidad de ejecutar decisiones estratégicas, preservando la sostenibilidad financiera de la empresa. 

Acelerar el desarrollo de los recursos costa afuera 

Los descubrimientos realizados en el Caribe confirman un potencial significativo, particularmente en gas natural, con implicaciones directas para la autosuficiencia energética de la próxima década. La experiencia regional demuestra que estos desarrollos pueden convertirse en una fuente relevante tanto de gas como de crudo, siempre que se cuente con marcos regulatorios claros y ejecución oportuna. 

Poner en marcha el marco técnico e institucional para el aprovechamiento de recursos no convencionales

Colombia debe habilitar el fracking responsable, posible y sostenible con avances tecnológicos. Los pilotos no se necesitan para desarrollarlo, ya que hay contratos vigentes de YNC. La ANH debe levantar, de común acuerdo con operadores, la suspensión de estos contratos. El potencial está en áreas con infraestructura existente (gasoducto Ballena–Barrancabermeja), facilitando evacuación rápida. El marco legal es robusto e internacional: Acuerdo ANH 03/2014 (Reglamento YNC y Anexo 4 Ronda 2012), Decreto Min Energía 3004/2013 (criterios exploración/explotación) y Resolución 90341/2014 (Reglamento Técnico). 

Garantizar condiciones de seguridad para la operación en zonas productoras

La continuidad de la actividad petrolera y gasífera requiere reducir de manera efectiva los atentados a la infraestructura, los bloqueos y las prácticas de extorsión que afectan campos y proyectos estratégicos. La seguridad física y operativa es una condición básica para atraer inversión y sostener la producción. 

Acelerar el ingreso de instalaciones de importación de GNL 

Impulsar el ingreso ordenado de instalaciones de importación de gas natural licuado (GNL) de al menos 400 Giga BTU por día (GBTUD) y migrar a un esquema de estampilla nacional para remunerar el transporte de gas natural por redes. Igualmente, flexibilizar las condiciones contractuales para la importación y comercialización de gas. 

Promover y regular el almacenamiento estratégico de gas natural

Es necesario promover el desarrollo de proyectos para el almacenamiento estratégico de gas natural y regular su remuneración. 

Promoción de la explotación minera responsable y la formalización 

La transición energética global incrementa de manera significativa la demanda de minerales estratégicos como cobre, níquel, cobalto y tierras raras. Con un marco adecuado, el sector minero puede convertirse en un pilar de crecimiento regional y de diversificación productiva en el periodo 2026–2030. La política minera debe combinar la atracción de inversión de gran escala, bajo estándares técnicos, ambientales y sociales exigentes, con una estrategia sostenida de formalización de la pequeña y mediana minería. La experiencia reciente demuestra que los procesos de formalización, acompañados de asistencia técnica, inclusión financiera y trazabilidad, generan mejores resultados que los enfoques exclusivamente coercitivos y reducen los conflictos socioambientales. 

Fortalecer la capacidad institucional para la exploración minera desde la fase temprana

El desarrollo de la minería estratégica requiere reducir sustancialmente la incertidumbre y los tiempos en la etapa exploratoria. Es necesario integrar en un solo esquema digital la gestión de trámites técnicos, ambientales, sociales y territoriales, con reglas claras para la consulta con comunidades, la evaluación de proyectos y el relacionamiento social desde las primeras fases. 

Institucionalizar un mecanismo permanente de asignación de áreas para minerales estratégicos

La exploración debe dejar de depender de decisiones esporádicas y avanzar hacia un calendario regular de rondas mineras, orientadas a minerales como cobre, oro, fosfatos, polimetálicos, tierras raras y minerales industriales. La oferta de áreas debe ampliarse de manera progresiva, apoyándose en el conocimiento geológico actualizado. 

Atraer inversión de gran escala bajo estándares elevados de desempeño

La política minera debe priorizar la llegada de inversionistas con capacidad técnica, ambiental y social probada. Para ello, se requiere un esquema que combine incentivos temporales a la exploración, mecanismos de estabilidad jurídica y cofinanciación geológica en zonas de alto potencial, acompañado de un seguimiento activo a proyectos estratégicos. 

Dar continuidad ordenada a la explotación de carbón a gran escala en regiones productoras

En departamentos como Cesar y La Guajira, la extensión negociada de concesiones permite preservar ingresos fiscales, empleo y encadenamientos productivos asociados a la demanda internacional en los próximos años. De manera complementaria, es necesario promover la diversificación de las plataformas logísticas existentes, facilitando su uso para la importación de maquinaria y el desarrollo de proyectos energéticos y productivos en la región. 

Universalización del acceso a energía eléctrica y gas 

La política pública debe priorizar soluciones adaptadas a cada territorio, incluyendo microrredes híbridas, sistemas solares con almacenamiento y expansión selectiva de redes de gas, garantizando siempre la existencia de un operador responsable de la continuidad y el mantenimiento del servicio. 

Asegurar la sostenibilidad operativa de las soluciones de cobertura energética

Toda intervención financiada con recursos públicos debe estar asociada a un prestador responsable de la operación, el mantenimiento y la calidad del servicio. La expansión de la cobertura no puede seguir produciendo infraestructura sin operador, ya que esto conduce al deterioro prematuro de los sistemas y a la pérdida de recursos públicos. 

Definir obligaciones explícitas de expansión para los prestadores regulados

La cobertura debe ser parte inherente del servicio público. Es necesario establecer planes obligatorios de expansión para operadores de red y distribuidores, con metas anuales verificables dentro de sus áreas de influencia, integrando la ampliación de cobertura como una obligación regulada. 

Habilitar esquemas de prestación privada en zonas rurales y dispersas

La regulación debe permitir y promover la participación del sector privado en la expansión del servicio, mediante redes, microrredes o soluciones individuales, bajo contratos claros, estándares de servicio público y esquemas de remuneración predecibles. Esto permitirá acelerar la cobertura en territorios donde los modelos tradicionales han demostrado ser insuficientes. 

Modernizar la institucionalidad encargada de la electrificación rural

El IPSE debe evolucionar hacia una entidad con capacidad ejecutora territorial, especializada en el despliegue de microrredes híbridas, sistemas solares con almacenamiento y soluciones de gas combustible domiciliario, articulando inversión pública con operación privada. 

Aprovechar instrumentos fiscales para financiar infraestructura de acceso

Mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías deben utilizarse de manera más intensiva para financiar la expansión de redes eléctricas rurales y la instalación de infraestructura de gas natural domiciliario, alineando inversión social, desarrollo territorial y cierre de brechas energéticas. 

Priorizar usos productivos y eficientes de la energía en la política de vivienda y desarrollo rural

La expansión de cobertura debe focalizarse en soluciones que mejoren directamente la productividad y el bienestar, incluyendo energía para bombeo de agua, riego, refrigeración agrícola, pequeños comercios y cocinas más eficientes basadas en gas natural, maximizando el impacto económico y social de cada intervención. Igualmente, fomentar y cofinanciar los proyectos de vivienda con energía fotovoltaica, teniendo en cuenta la reducción en los costos de los paneles solares.