DIAGNÓSTICO
El sistema de salud creado por la Ley 100 de 1993 como desarrollo de la Constitución Política de 1991, a pesar de sus fallas, es la más grande conquista social de toda la historia de Colombia, en términos de solidaridad, protección financiera y resultados en salud. El sistema requería en el 2022 continuar mejorando y ajustando, sin embargo, fue un grave error del Gobierno actual con consecuencias catastróficas provocar una crisis.
La “crisis explícita” como la llamó la entonces ministra Carolina Corcho, empeoró los problemas que ya se tenían, generó muchos otros más y está afectando a millones de personas y sus familias. La crisis actual se expresa en afectación de las personas, en quiebras de las empresas del sector, desfinanciamiento, incertidumbre en los trabajadores de la salud y desconfianza de todos los actores.
• Se incrementan las Peticiones Quejas y Reclamos a las EPS interpuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Se han incrementado progresivamente entre 2022 y 2025 en un 101%. El 2024 tuvo 1.6 millones de PQR, el dato más alto de la historia.
• Las tutelas interpuestas por vulneraciones al derecho a la salud, han incrementado de manera progresiva en los últimos años. Por ejemplo, en 2024 crecieron en 34% frente a 2023.
• Ante la desprotección, los tomadores de pólizas privadas y medicinas prepagadas han incrementado en un 40% del 2022 al 2025. “Este Gobierno si está logrando privatizar la salud”
• Las principales causas asociadas tanto de las tutelas como de las PQR, son la oportunidad en la atención, entrega oportuna y suficiente de medicamentos e insumos, asignación de citas médicas.
• La UPC es insuficiente para atender la demanda de servicios de los afiliados al sistema y esto se refleja en la siniestralidad del 109% en las EPS.
• Desde el 2023 ha venido reclamándose insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para garantizar la financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS). La Corte Constitucional ha reconocido la existencia de esta insuficiencia y ha conminado al Gobierno a revisar desde 2021 y ajustar retroactivamente la UPC. También la Corte ha ordenado el pago de las deudas de la Nación por tecnologías fuera del plan de beneficios (lo que se conoce como presupuestos máximos). El Gobierno ha desatendido esta orden. Se estima que este desfinanciamiento acumulado de UPC más las deudas por presupuestos máximos asciende aproximadamente $30 billones.
II. PROPUESTAS
PRIMEROS 100 DÍAS
• Resolver la crisis de los medicamentos y falta de oportunidad en citas y procedimientos.
• Acompañar a los pacientes graves a transitar por el sistema de salud para que los trámites y el desorden que está crisis ha provocado no siga afectando la oportunidad y la calidad del servicio.
• Atender la crisis de liquidez de corto plazo de prestadores y la afectación a los trabajadores del sector.
• Defender el derecho a la salud y a la Seguridad Social como una conquista de la Constitución de 1991 y así mismo defender la participación de los privados en el aseguramiento y prestación de servicios.
• En el corto plazo revisar la suficiencia de la UPC desde 2021, como lo ha ordenado la Corte Constitucional y reconocer los desajustes. Los pagos se harán con bonos de deuda pública o títulos del tesoro de mediano o largo plazo que puedan monetizarse y generen alguna liquidez inmediata. Estos recursos se girarán directamente desde la ADRES a hospitales, clínicas y proveedores.
• Poner en marcha medidas extraordinarias inmediatas para otorgar liquidez al sector. El marco legal existe (Ley 1797). Por ejemplo: compra de cartera a través de la ADRES, créditos con banca de segundo piso.
• Respetar y acatar lo que ha dicho la Corte Constitucional: la UPC debe ser suficiente y el cálculo debe responder a criterios técnicos.
• Promover la confianza sectorial y el dialogo con todos.
• Cambiar de manera inmediata los interventores de las EPS intervenidas con perfiles técnicos que tengan experiencia y conocimiento del sector y alejados de la política.
MEDIANO PLAZO
Revitalizar a las instituciones del sector
• Resolver las intervenciones EPS. No podrán continuar intervenidas indefinidamente. Se otorgará la confianza para reactivar la inversión privada y que existan aseguradoras sólidas con capitales privados o mixtos.
• Despolitizar la Superintendencia de Salud y recuperar el nivel técnico y especializado del Ministerio de Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas.
• Garantizar la estabilidad en las reglas y claridad en las mismas.
• Reorientar a la ADRES, blindándola del despilfarro administrativo y la politiquería. Revisar todos los procesos y su gobierno corporativo y fortalecer la participación de miembros privados y públicos.
• Promover la aclaración masiva de cuentas con apoyo en Inteligencia Artificial y tecnología.
Asegurar nuevas fuentes sectoriales para que el equilibrio de la UPC sea sostenible en el tiempo
• Cotizaciones diferenciales para los que más ganan. Eliminar el tope de aportes a salud que hoy está en 25 SMLMV igual que en pensiones.
• Proyectos con cargo a regalías para acciones de promoción y prevención para los más pobres.
• Impuestos saludables (Definir su uso para salud y revisar la progresividad. Así mismo, revisar todas las rentas territoriales. En algunos casos es posible aumentar los porcentajes de contribución).
• Utilizar un (1) punto de los recursos de las Cajas de Compensación.
Formar el talento humano que el sector y el país necesita
• Especialmente se promoverá la formación de enfermeras y algunas especialidades médicas a través de inversión en becas y acuerdos con la academia, hospitales universitarios acreditados.
• Promover la remuneración digna para los trabajadores del sector y velar por el reconocimiento y respeto a sus derechos.
Avanzar en la innovación tecnológica y fortaleceremos la política farmacéutica
• Actualizar la gestión del INVIMA que está rezagada.
• Permitir que lleguen nuevas tecnologías al país: medicamentos, dispositivos, insumos, de acuerdo con las necesidades.
• Se fortalecerá la política de precios indicativos para medicamentos de altos costos y se controlarán los abusos de posición dominante en el mercado con las herramientas existentes.
• Promover los contratos de riesgo compartido en salud, donde el pago se vincula a la efectividad de los tratamientos y así todos los actores del sistema trabajan por el objetivo de mejorar los resultados en salud. Esto crea eficiencias en el gasto y mejora los resultados para los pacientes.
Atender el déficit de los hospitales públicos
• Recibirán con prioridad la liquidez que generen los responsables de pago como EPS y la misma ADRES que les debe cuantiosas cifras por accidentes de tránsito y otros eventos.
• Retomar los programas de fortalecimiento y saneamiento fiscal con sostenibilidad que se crearon con la Ley 1438 de 2011 y que maneja el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
• Promover la buena gestión. Los gerentes de hospitales públicos serán elegidos por méritos a través de un concurso nacional.
• Revisión Integral de la operación del SOAT que hoy es fuente de fraudes y gran desfalco al sistema y se unificarán las tarifas con el régimen general.
Fortalecer el Instituto de Evaluación de Tecnologías. (IETS)
• Se rescatará de la postración en la que está. Este Instituto es importante para que el plan de beneficios se mantenga actualizado en nuestro país y responda a las necesidades de la población. Será integrado por profesionales escogidos por la comunidad científica.
Promover la eficiencia en el uso de los recursos
• Modificar la forma de cálculo de la UPC, incluyendo incentivos por resultados en salud e involucrando condiciones de salud y riesgos.
• Generar incentivos económicos a la buena gestión y a la acreditación de EPS y prestadores.
• Eliminar el despilfarro y gasto de los equipos básicos de salud ($4 billones) que a la fecha no se conocen resultados. Se abandonará este modelo conocido en Cuba como “barrio adentro” y se fortalecerán las responsabilidades de prevención de las entidades aseguradoras.
Promover la transparencia y prevenir la corrupción (le quitamos la salud a los políticos)
• Se implementará la política de “cuentas públicas y transparentes en la salud”. Todos a rendir cuentas y seguimiento de transacciones.
• La vigilancia de condiciones financieras de EPS estará a cargo de la Superintendencia Financiera.
• Reestructurar la Superintendencia de Salud, simplificando procesos y haciendo todo trámite transparente y digital de cara a la población a través de la tecnología y con trazabilidad. Se adoptarán las mejores prácticas del sector financiero.
• La ADRES será vigilada por Superintendencia Financiera y deberá seguir los estándares de entidades similares que manejan recursos del público.
Diseñar y adoptar un verdadero modelo de atención en zonas rurales, dispersas y de difícil acceso
• Con garantía de atención en el municipio, pero también con la seguridad de que los pacientes accederán a los servicios de mayor complejidad cuando los necesiten a través de traslados a otros niveles de complejidad o de tele salud cuando sea posible.
• Se diseñarán Alianzas Público Privadas para lograr eficiencias en el sistemas de traslado de las zonas rurales a los centros de mayor complejidad.
• Se hará mayor inversión pública en los hospitales de estas regiones.
• Se definirá un modelo de aseguramiento especializado en garantizar la atención en estas regiones rurales y dispersas adoptando los incentivos adecuados para ello.
• Se fomentará la Tele salud para llegar a las zonas alejadas con un ecosistema digital con dispositivos biomédicos orientado a la prevención de la enfermedad y al diagnóstico temprano en sitio (incluso en zonas rurales). Una auxiliar de enfermería se desplaza al hogar de la persona con su equipo biomédico, toma las muestras, las carga en una plataforma y, tras su procesamiento y agregación mediante inteligencia artificial propia, se emite un diagnóstico. El objetivo es fortalecer las alertas tempranas apoyadas en IA.
• Supervisión clínica en tiempo real: aunque la toma de muestras se realiza en campo, la validación y el acompañamiento se realizan por un bacteriólogo y un médico en tiempo real.
• Conectividad garantizada en territorio: el modelo incorpora conectividad satelital (Starlink) con un kit mínimo, adaptado a la batería de la moto del auxiliar, para operar en zonas sin internet. La conexión puede establecerse desde la moto o utilizando una toma de energía disponible en la vivienda.
Se promoverá la actualización de la infraestructura pública
• Se hará preferiblemente a través de contratos de Asociaciones Pública Privadas como lo han hecho otros países en Latinoamérica (Brasil, Chile y Perú).
• Se implementará el plan maestro de infraestructura pública en salud. No más asignaciones de recursos a dedo y sin planeación.
• La Nación a través de una agencia especializada apoyará a las Entidades Territoriales a estructurar los proyectos de infraestructura bajo iniciativa público privada bajo estándares internacionales.